El Estado y sus instituciones tienen la responsabilidad de garantizar una vida libre de violencia hacia las ni\u00f1as y mujeres, no obstante, cuando alguna autoridad no cumple lo que las leyes les mandatan, son esas propias autoridades las que ejercen violencia institucional.<\/p>\n\n\n\n
El proceso que enfrentan las mujeres para denunciar violencia es desgastante, cada paso representa un desaf\u00edo donde los riesgos de enfrentar una revictimizaci\u00f3n son constantes. Daniela Esteban Ben\u00edtez<\/strong> ha vivido, durante m\u00e1s de cinco a\u00f1os, un proceso en el que se logr\u00f3 la sentencia de su agresor por violencia familiar, el cual sigue libre, lo que incrementa el riesgo para su integridad e incluso su vida.<\/p>\n\n\n\n Para el Grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos, es una tarea permanente exigir que el estado y sus instituciones cumplan con su responsabilidad de proteger los derechos de cada ni\u00f1a y mujer a una vida libre de violencias. Lamentablemente, de acuerdo a nuestro monitoreo de violencia feminicida, solo en la administraci\u00f3n del actual gobernador Salom\u00f3n Jara se han registrado 260 asesinatos violentos de ni\u00f1as y mujeres.<\/p>\n\n\n\n En Oaxaca la violencia feminicida es grave, desde los movimientos feministas hemos expresado que se requiere de instituciones profesionalizadas que impulsen la prevenci\u00f3n y detecten los casos de alto riesgo, atiendan las necesidades de las v\u00edctimas y las acompa\u00f1en a fin de que accedan a la justicia.<\/p>\n\n\n\n 1.- La tipificaci\u00f3n del delito. De acuerdo a las violencias que enfrent\u00f3 a manos del agresor Luis Alberto Mart\u00ednez Z\u00fa\u00f1iga<\/strong>, se presentaron actos de tal gravedad que pusieron en riesgo su vida y la carpeta de investigaci\u00f3n se integr\u00f3 como violencia familiar. Las mujeres que denuncian no tienen la obligaci\u00f3n de saber de los delitos que enfrentan, pero las autoridades s\u00ed, por lo que causa una profunda preocupaci\u00f3n que ante las y los Ministerios P\u00fablicos lleguen mujeres con un nivel de riesgo de violencia feminicida y no sean detectados como corresponde.<\/p>\n\n\n\n 2.- Medidas de protecci\u00f3n. Durante el proceso se le dictaron medidas cautelares, sin embargo, no fueron respetadas por el agresor quien la intimidaba con su presencia y dado que no la agredi\u00f3 f\u00edsicamente, la respuesta que recibi\u00f3 de las autoridades no fue efectiva, sino que minimizaron estos actos amenazantes, lo que evidencia poca sensibilidad y desconocimiento del protocolo de atenci\u00f3n ante la violencia basada en el g\u00e9nero. <\/p>\n\n\n\n 3.-El agresor sigue en libertad. Se sigui\u00f3 el proceso en libertad y una vez que se dict\u00f3 la sentencia, actualmente en proceso de apelaci\u00f3n, ahora se incrementan los riesgos para la integridad de la v\u00edctima y\/o la huida del agresor y por lo tanto de que este hecho quede en la impunidad.<\/p>\n\n\n\n 4.- Juezas, jueces y su actuaci\u00f3n. La impartici\u00f3n y procuraci\u00f3n de justicia debe aplicarse desde una perspectiva de g\u00e9nero, lamentablemente se han conocido casos que por omisi\u00f3n o negligencia han dejado en libertad a los agresores, lo que representa un riesgo para las v\u00edctimas y para la sociedad. Demandamos atenci\u00f3n urgente a este caso y que se garantice su acceso a la justicia.<\/p>\n\n\n\n Este caso es relevante pues ejemplifica las barreras de acceso a la justicia que enfrentan las mujeres que toman la decisi\u00f3n de denunciar y la voluntad de mantenerse en su exigencia, a\u00fan y con todos los obst\u00e1culos que tienen que enfrentar, por lo que hacemos responsables a las autoridades de su protecci\u00f3n inmediata ante posibles actos de conductas violentas y machistas. <\/p>\n\n\n\n Acciones, omisiones, dilaci\u00f3n, re victimizaci\u00f3n por parte de las autoridades, son factores que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia, por lo tanto desde GESMujer hacemos un llamado a revisar las acciones de cada funcionaria y funcionario, evaluar la calidad de los servicios, supervisar que se aplique la perspectiva de g\u00e9nero y detectar la violencia institucional y en su caso fincar responsabilidades penales, pues de una actuaci\u00f3n profesionalizada depende la erradicaci\u00f3n de la violencia hacia ni\u00f1as y mujeres y de la m\u00e1xima expresi\u00f3n de todas las violencias, la violencia feminicida. <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La urgencia de garantizar una vida libre de violencias para ni\u00f1as y mujeres El Estado y sus instituciones tienen la responsabilidad de garantizar una vida libre de violencia hacia las ni\u00f1as y mujeres, no obstante, cuando alguna autoridad no cumple lo que las leyes les mandatan, son esas propias autoridades las que ejercen violencia institucional. 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