Yadira Sosa, Jueves 4 de Junio de 2020, El Imparcial.- Luego de que el Tribunal electoral federal reconociera la violencia política por razón de género contra la regidora de Equidad de Género y Grupos Vulnerables del ayuntamiento de Santa Lucía…

Luego de que el Tribunal electoral federal reconociera la violencia política por razón de género contra la regidora de Equidad de Género y Grupos Vulnerables del ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Nallely Ortiz Jiménez, organizaciones civiles y feministas confiaron que las autoridades locales respeten y hagan cumplir la determinación en efectuar medidas de reparación integral.

La regidora había denunciado amenazas, hostigamiento e intimidación por parte del presidente municipal, Dante Montaño Montero, luego de que le exigiera cumplir en tiempo y forma con la realización de las sesiones de Cabildo, como lo marca la Ley Orgánica Municipal, y al inconformarse por impedirle la revisión del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2020 y la discusión con el cabildo, a finales del año pasado.

Ante esta situación, integrantes del Grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos (GESMujer), se unieron a la exigencia de la reparación integral por violencia política por razón de género.

“Esto es una problemática grave que evidencia los retos que representa el ejercicio del derecho de las mujeres a participar en el ámbito público, en un contexto misógino que utiliza las mismas estructuras de poder municipal y estatal para negar un derecho legítimo”.

Reconocieron los esfuerzos de Nallely Ortiz por defender sus derechos y con ello sentar precedente ante acciones que, desafortunadamente, forman parte de una realidad que enfrentan muchas mujeres que hoy, gracias al movimiento feminista, están incursionando en la vida pública.

Se ha declarado la existencia de violencia política en razón de género y se ordena al Ayuntamiento efectuar medidas de reparación integral. “Nos mantendremos vigilantes de que se cumplan dichas medidas, pues las autoridades municipales y estatales tienen frente a sí la oportunidad de resarcir sus errores y con ello mandar un mensaje claro para todas las mujeres que tienen derecho a la participación política, libres de todas las formas de violencia”.

De la misma manera, demandaron certeza jurídica en la aplicación de la Ley y exigieron medidas de seguridad y protección para Nallely Ortiz y su familia ante cualquier acto de intimidación en su contra.

Pedro Matías, jueves 30 de junio, Proceso.- Una estudiante del Colegio de Bachilleres de Oaxaca (Cobao) y su bebé de casi dos años de edad fueron asesinados y calcinados en un cerro de Ejutla de Crespo.

María Concepción A. C., de 17 años, fue víctima de la violencia feminicida, que es la forma extrema de violencia de género producto de la violación a sus derechos humanos, tanto en el ámbito privado como público, lamentó la presidenta del Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer), Angélica Ayala Ortiz.

Con este crimen suman 443 casos de mujeres asesinadas en lo que va del sexenio del priista Alejandro Murat Hinojosa. Tan solo del 1 de enero al 30 de junio de 2020 existe el registro de 60 mujeres asesinadas, según el Centro de Documentación de GESMujer.

Escucha a la presidenta de GESMujer Angélica Ayala Ortiz:

El caso que indignó a la ciudadanía ocurrió el domingo 28 en inmediaciones del municipio de Ejutla de Crespo, cuando habitantes de esa localidad acudieron a sofocar un incendio en el cerro “El Mexicano” y descubrieron los dos cuerpos: de María Concepción A. C. y de su hijo A. A., de un año y 10 meses de edad.

Trascendió que la alumna del Cobao Plantel 11, en Ejutla de Crespo, fue vista alrededor de las 10 horas del domingo a bordo de un mototaxi. Después no se supo de su paradero, hasta que se avisó del incendio en el cerro “El Mexicano”.

“La violencia feminicida hacia las niñas y adolescentes se sigue agravando en Oaxaca. Hoy es Ejutla el lugar donde se enluta un hogar. Una joven de apenas 17 años y su pequeño hijo fueron víctimas de una violencia extrema que acabó con sus vidas para posteriormente ser incinerados, como una forma más de violencia al intentar ocultar los indignantes hechos”, subrayó Ayala Ortiz.

Añadió: “María, madre de un pequeño de casi dos años, nos habla de una niña que vivió el embarazo a la edad de 14 años, lo que es un ejemplo muy claro de las desigualdades que existen aún en la sociedad donde se siguen naturalizando prácticas que violentan los derechos humanos de las niñas y las mujeres”.

Sin embargo, aun así, siendo madre adolescente, con todas las cargas que esto conlleva, intentó mantenerse en la escuela y continuar con su vida, “pero la violencia feminicida la alcanzó a ella y a su hijo”.

Prosiguió: “Uniones tempranas, embarazos no planeados o forzados, matrimonios infantiles, acoso y violencia sexual en la infancia y adolescencia son realidades que deben ser visibilizadas, pues profundizan la desigualdad entre mujeres y hombres, y en el caso de las niñas y adolescentes las coloca en grave riesgo para su integridad y su vida”.

Como GESMujer, recalcó, “exigimos que el indignante caso de María no se sume a la larga lista de impunidad que prevalece en Oaxaca; exigimos atención a esta otra pandemia que es la violencia hacia las mujeres y las niñas”, finalizó.

Por separado, la comunidad estudiantil y trabajadores del Cobao manifestaron su más enérgica condena por los hechos en los que fue privada de la vida la menor María C.A.C., alumna del Plantel 11 de Ejutla de Crespo, así como su pequeño hijo.

De igual forma, diputados de Morena exigieron justicia por el feminicidio e infanticidio en Ejutla.

La Junta de Coordinación Política del Congreso local condenó los hechos y pidió a la Fiscalía General del estado realizar una investigación puntual con perspectiva de género, tomando en cuenta los escenarios violentos en los que la víctima estuvo en contacto antes, durante y después del crimen.

Ismael García M., Lunes 6 de julio de 2020, Zona Roja.- Los feminicidios no paran en Oaxaca y este lunes se registró un enésimo.

Una mujer fue asesinada a golpes e intentaron quemarla, afuera de un bar que funcionaba de manera clandestina en la jurisdicción de San Jacinto Amilpas, municipio conurbado a la capital del estado.

Corporaciones de seguridad arribaron al sitio, denominado bar “El pasito duranguense”, a un costado de las riberas del río “Atoyac”, para acordonar el sitio.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el cuerpo semidesnudo presentaba diversos golpes y algunas quemaduras; al parecer era trabajadora del lugar, que funcionaba con anuencia de la autoridad municipal, a pesar de las restricciones por la pandemia.

Con esa tendencia, en siete meses; es decir, en enero de 2021, la actual administración superará la cifra de crímenes de ciudadanas documentada durante los seis años del gobierno de Gabino Cué (527 casos) y se convertirá en el sexenio más violento para aquel sector de los últimos 20 años.

GESMujer informó que durante el sexenio de José Murat, padre del actual gobernador, en Oaxaca fueron asesinadas 429 mujeres; durante el gobierno de Ulises Ruiz, la cifra llegó a 283 casos; durante la administración de Gabino Cué se disparó a 527 y en el actual gobierno el número permanecía, hasta el domingo, en 444 víctimas.

En lo que va de 2020, la agrupación actualizó sus cifras e indicó que en la entidad se habían reportado 61 crímenes de mujeres, de los cuales 19 se suscitaron en enero; cuatro, en febrero; siete, en marzo; 11, en abril; cinco, en mayo; 14, en junio, y uno durante los primeros cinco días de julio.

Asimismo, indicó que 39 víctimas perecieron a causa de disparos de arma de fuego; cuatro fueron macheteadas; dos, fueron estranguladas; dos, calcinadas, y dos, golpeadas. En un caso, de manera respectiva, las ahora extintas fueron degolladas, apuñaladas y vejadas física y sexualmente.

GESMujer refirió que en nueve casos más se desconoce la forma en que las mujeres fueron ultimadas.

Este sería el feminicidio número 62 durante este año, según el registro que lleva la organización Grupo de Estudios de la Mujer “Rosario Castellanos”.