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En pasados días ante el Pleno del Congreso del Estado de Oaxaca, fue presentada una iniciativa que busca reformar el Código Penal Local para castigar a quien ataque con alguna sustancia química corrosiva a una persona.
La reforma a los Artículos 273 y 275 establece sanciones, dependiendo del daño del ataque, de 10 a 15 años de prisión.
Ante la propuesta de tipificar el delito de ataque con ácido en el código penal con una sanción de 15 años, consideramos que en principio abre la posibilidad de visibilizar la problemática de la violencia hacia las mujeres por razón de género, pero hay que ir más allá, pues la impunidad es una de las razones por las cuales se sigue incrementando la violencia feminicida, asegura la presidenta del Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos”, Angélica Ayala.
Luego de que se diera a conocer la deficiente atención que recibía María Elena Ríos, la saxofonista atacada con ácido en la Mixteca hace tres meses, la representante de la organización dedicada a la defensa de los derechos de las mujeres consideró como “lamentable lo que están viviendo las niñas y las mujeres en Oaxaca, se vulneran sus derechos fundamentales a la libertad, la integridad y la vida”.
María Elena es una víctima de las omisiones institucionales, en ella se refleja lo que en la actualidad es el sentir de las mujeres: que el Estado no está cumpliendo con su obligación de salvaguardar sus vidas, dijo.
Además, afirmó que tipificar el delito es un avance, desafortunadamente es en la visión de quienes se encargan de procurar y administrar la justicia, donde se refleja el odio y la misoginia hacia las mujeres, pues siempre se atenúan los hechos, se reclasifican, se minimizan las consecuencias y la cadenas de omisiones llevan al riesgo feminicida, por eso hay que colocar en el centro de la atención, señala.
La presidenta de GES Mujer afirma que todos aquellos casos que hoy son minimizados en las agencias de ministerio público, donde las lesiones graves no son suficientes para que las autoridades reconozcan los riesgos de un feminicidio, también ahí es necesario actuar con contundencia, urge actuar en la identificación de situaciones de alto riesgo, por lo que seguiremos urgiendo al Congreso que llame a cuentas a las autoridades y que el indignante caso de María Elena no quede en la impunidad, ese sí sería un mensaje claro de que no se tolerará la violencia hacia las mujeres. En la FGEO está la responsabilidad de dar ese mensaje.
