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Alerta por Violencia de Género a tres años:

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334 niñas y mujeres asesinadas de manera violenta

El 30 de agosto de 2018 en 40 municipios de Oaxaca, la Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de alerta por violencia de género. El mecanismo de la alerta por violencia de género son un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia de género y su manifestación más grave: la violencia feminicida.

Si bien es cierto que la Alerta por violencia de género ha permitido visibilizar la gravedad del problema a nivel social, el Estado y sus instituciones siguen sin reconocer que existe una violencia feminicida, pues a tres años los resultados son desalentadores: 334 niñas y mujeres han sido víctimas de asesinatos violentos.

De acuerdo con el Monitoreo de violencia feminicida del GESMujer, a partir de la Declaratoria de la Alerta, el 60% se concentra en tres regiones: El Istmo representa el nivel más elevado con un 25%, le sigue Valles Centrales con un 20% y el Papaloapam con un 15%.

Pero los datos son fríos, no alcanzan a dimensionar la indignación, el dolor, la impotencia de cada familia que ha enfrentado la pérdida de una hija, una madre, una hermana, una abuela, pues la violencia machista no respeta edad, condición social, económica ni ninguna otra, pero el acceso a la justicia se torna más dificil para las mujeres de comunidades indígenas y afromexicanas, además de estar invisibilizadas en los registros hemerográficos y digitales disponibles.

Con la finalidad de hacer un balance que explique los resultados a tres años de la declaratoria de alerta por violencia de género,  a continuación un breve análisis acerca de algunos resolutivos y medidas establecidas en el mecanismo:

Sobre la resolución de la Instalación de los Consejos Municipales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en los 40 municipios con AVG (que ya contempla la Ley Estatal) sus resultados son cuestionables, pues de acuerdo al Monitoreo de violencia feminicida del GESMujer el 57% de la violencia feminicida ocurrió en municipios con AVG y el 43% en municipios sin alerta. Lo que implica que no hay una diferencia entre contar con el mecanismo, que carecer de él, o bien que la violencia hacia las mujeres que se focalizaba en 40 municipios, a tres años se ha extendido a otros que no estaban identificados como de alto riesgo.

La pandemia es un factor que agrava las condiciones de riesgo para las mujeres, en todos los ámbitos, pero innegablemente en relación a la violencia, lo que implica la urgencia de atenderla, con las debidas medidas de protección. Algunas de las medidas de seguridad definidas en el mecanismo de la AVG:

Medidas de seguridad

  • Fortalecer la asistencia jurídica, psicológica y de salud a mujeres víctimas de violencia. A tres años de la AVG, seguimos exigiendo instituciones capacitadas en perspectiva de género, con una visión intercultural, personal sensible y especializado, que identifiquen claramente los casos de nivel de riesgo feminicida, y que apliquen adecuadamente los protocolos de atención para salvaguardar la vida de las mujeres en riesgo feminicida, pues desafortunadamente las mujeres se siguen enfrentando a la revictimización, a la negligencia, a las omisiones y a barreras que les impiden acceder a ordenes de protección, peritajes profesionales, así como anticoncepción de emergencia en casos de violencia sexual, por citar algunos aspectos.
  • La difusión del 911 para llamadas de emergencia. Si bien se ha llevado a cabo la difusión, los resultados, de acuerdo a la ciudadanía no son favorables, situación que hemos podido constatar, tanto a nivel urbano como dentro de los municipios, cuando lo solicitamos en apoyo a mujeres en situación de emergencia. Y hay que reconocer que a nivel municipal ha sido muy complicado por la falta de coordinación al interior de la propia policía, además de que no consideran graves los casos de violencia familiar.
  • La creación o fortalecimiento de albergues para mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos en las 8 regiones del estado. Esta medida tampoco ha sido cumplida, lo que dificulta brindar alternativas que favorezcan la protección de la vida de las mujeres. Sabemos que se requiere infraestructura y recursos, pero ya transcurrieron tres años y no se vislumbran avances.
  • El mapeo de los delitos cometidos en contra de las mujeres, particularmente feminicidios, homicidios culposos, violencia sexual, desapariciones de niñas y mujeres y sus tentativas, a fin de focalizar políticas públicas de prevención. Si bien son 40 municipios con AVG (192 casos) el 45% se concentra en cinco municipios: Tuxtepec 33 casos, Juchitán 19,Tehuantepec 13, Oaxaca 12 y 9 en Matías Romero, Y por otro lado, dado que un 43% (142) de los asesinatos violentos de niñas y mujeres ocurrieron en municipios sin alerta de género, también es urgente realizar un mapeo de los factores de riesgo presentes, ya que el 21% ocurrieron en cuatro municipios: Juxtlahuaca 12  casos, Xoxocotlán 8, Tapanatepec 5 y 5 en Ocotlán de Morelos. Las instituciones tienen los datos, pero se carece de un análisis que permita generar acciones estratégicas de alto impacto que incidan en los municipios que concentran los niveles más elevados de violencia feminicida.

Medidas de justicia y reparación

  • Acciones que permitan transparentar los procesos de investigación para los casos de muertes violentas de mujeres, de manera que sea posible valorar públicamente los criterios de actuación de la FGEO. Desde el movimiento feminista cuestionamos los datos oficiales, nos preocupa la falta de capacidad en tipificar el delito de feminicidio o más grave aún, que exista un interés político en minimizar el problema. Consistentemente hay diferencias entre los registros de la sociedad civil y los de la FGEO bajo el argumento de que se trata de asesinatos dolosos de mujeres, sin que medie, por principio  la aplicación de un protocolo acorde al delito de feminicidio, o bien, que por la presión social se inicien las carpetas de investigación como delito de feminicidio y posteriormente se reclasifiquen, a fin de que se ubique a Oaxaca como un estado seguro para las mujeres, pero la realidad es otra.

Como integrantes del movimiento feminista hemos denunciado las barreras sociales, culturales e institucionales que limitan el ejercicio pleno de los derechos de niñas, jóvenes y mujeres. Desafortunadamente a tres años de la AVG los resultados evidencian:

  • Falta de voluntad política para contar con un diagnóstico real de la problemática
  • Ausencia de coordinación entre las instituciones responsables de la prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias por razón degénero.
  • La impunidad como consecuencia de negligencias y omisiones ocasiona que niñas y mujeres sigan siendo violentadas.

Las propias familias, las comunidades, las colectivas feministas, las alianzas entre organizaciones seguiremos exigiendo a las instituciones que cumplan con sus responsabilidades y se haga justicia.