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El pasado 18 de junio, el Estado mexicano concluyó su comparecencia ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU, donde presentó los supuestos avances en materia de igualdad de género, erradicación de la violencia contra las mujeres y empoderamiento femenino. Sin embargo, la respuesta del Comité fue clara: México no ha asumido plenamente su responsabilidad para garantizar los derechos humanos de las mujeres.
Desde el Grupo de estudios sobre la mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer), observamos con preocupación cómo se reproduce una narrativa oficial centrada en reducciones estadísticas que no reflejan las condiciones estructurales que perpetúan la violencia feminicida en el país, y en particular, en Oaxaca.
Una narrativa distante de la realidad
Frente al Comité de la CEDAW, las autoridades mexicanas insistieron en que los feminicidios se han “reducido”, y presentaron cifras positivas sobre temas como el embarazo adolescente y el abandono escolar. No obstante, el propio Comité cuestionó la efectividad y profundidad de estos datos, señalando que las brechas de género persisten, especialmente en mujeres indígenas, rurales y afrodescendientes.
Las cifras pueden fluctuar, pero la impunidad y la falta de acceso a la justicia son constantes. La violencia estructural sigue sin ser abordada con la seriedad y urgencia que exige la situación, y la respuesta estatal continúa centrada en estrategias de contención más que en transformaciones de fondo.
Oaxaca: feminicidios que no se nombran, justicia que no llega
De acuerdo al seguimiento hemerográfico del Centro de Documentación del GESMujer Rosario Castellanos; registramos que del 1 de diciembre de 2022 al 17 de junio de 2025 ocurrieron 243 muertes violentas de mujeres. Esta cifra no es una simple estadística: es el reflejo de vidas interrumpidas, familias devastadas y comunidades que siguen exigiendo justicia. El 50% de estos casos se concentra en las regiones de los Valles Centrales y el Istmo, zonas que históricamente han enfrentado múltiples formas de exclusión.
A pesar de estos datos alarmantes, las políticas públicas no han estado a la altura de la crisis. La falta de homologación del tipo penal de feminicidio, la carencia de protocolos de actuación efectivos, la revictimización y la insuficiente atención en contextos comunitarios agravan la situación. La CEDAW lo señaló con claridad: la impunidad es un problema estructural en México, y no se puede resolver únicamente con discursos.
Las deudas del Estado mexicano con las mujeres
La evaluación del Comité de la CEDAW dejó al descubierto una serie de omisiones por parte del Estado mexicano:
- Falta de coordinación interinstitucional y de mecanismos de seguimiento efectivos para erradicar la violencia.
- Carencia de presupuestos suficientes y con enfoque de género.
- Escaso reconocimiento del liderazgo de las mujeres en espacios comunitarios y políticos.
- Mínima inclusión de mujeres indígenas, afrodescendientes y de la diversidad sexual en la elaboración de políticas públicas.
- Inacción frente a la criminalización de defensoras de derechos humanos y periodistas.
Estos pendientes no son nuevos, pero su permanencia revela la resistencia del Estado a desmontar las estructuras patriarcales que sostienen la desigualdad y la violencia.
Exigimos acciones urgentes, no sólo cifras “alentadoras”
Desde GESMujer nos sumamos a las voces que demandan al Estado mexicano y al Gobierno de Oaxaca:
- La homologación urgente del delito de feminicidio con perspectiva de género en todo el país.
- La creación y fortalecimiento de protocolos con enfoque intercultural para la prevención, atención e investigación de la violencia contra las mujeres.
- La asignación de presupuestos suficientes para las políticas públicas en igualdad y acceso a la justicia.
- La protección efectiva a mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas.
- La garantía plena del derecho a una vida libre de violencia, con énfasis en mujeres indígenas, rurales, migrantes y de la diversidad sexual.
El camino hacia la justicia no puede basarse en reducciones numéricas
La violencia feminicida no se resuelve con cifras que disminuyen levemente. Mientras en Oaxaca se sigan registrando asesinatos de mujeres, mientras las instituciones sigan siendo omisas, y mientras se siga tolerando la impunidad, no hay “avance” que pueda celebrarse.
México tiene una deuda profunda con las mujeres. Y el examen ante la CEDAW no debe ser una simulación de cumplimiento, sino un punto de inflexión para transformar desde la raíz un sistema que sigue fallando.
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