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Con fecha 12 de enero pasado se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género contra las mujeres del estado de Oaxaca 2018-2022, una respuesta oficial de un gobierno que se ha visto rebasado por la violencia feminicida.
Este programa es resultado de la declaratoria de Alerta de Violencia de género el pasado 30 de agosto del año del 2018 en virtud de la presencia de la violencia en la vida de niñas, jóvenes y mujeres que el año pasado representó la escalofriante cifra de 122 muertes violentas, mismas que han ido incrementándose año con año, hasta llegar a las 17 muertes en enero.
Como su nombre lo indica éste programa pretende ser un planteamiento integral que incorpora acciones de prevención, atención y sanción de la violencia en todos los órdenes del gobierno de manera coordinada y encabezada por parte de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca.
Difícil trabajo el que tiene a su cargo la dependencia, sin claridad en su tarea, sin recursos suficientes, sin el apoyo de muchas de las instancias gubernamentales responsables y lo más grave sin el liderazgo incondicional y explícito de la cabeza del ejecutivo.
La historia de varios años de seguimiento por parte del Grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos de éste terrible fenómeno, nos ha confrontado con una sociedad indiferente, donde la violencia ha pasado a “normalizarse” y donde el machismo, la misoginia y la violencia de género ha llegado a prácticas premeditadas como los recientes casos de Wendy, una mujer que fue rociada con gasolina o de otra mujer cuyo cuerpo apareció calcinado en la región de la Cuenca.
Pero lo que realmente colma la indignación es la impunidad, la incapacidad de los encargados de prevenir y brindar seguridad a toda la población, la lentitud y la carencia de una perspectiva de equidad de género con la que se accede y se procura la justicia, por lo que vemos a victimarios directos e intelectuales libres sabiendo que no pagarán por sus crímenes.
Todas las mujeres asesinadas tienen nombres y apellidos, hijas, hijos, familias y en sí vidas agobiadas por la violencia de diferentes tipos donde la mano de la justicia no llegó hasta ellas a tiempo.
Hoy decimos ¡Basta ya de tanta impunidad, desinterés, simplemente se trata de que cada uno haga su trabajo, lo que nos corresponde a cada para que hagamos realidad el derecho que tenemos las mujeres de vivir vidas sin violencia!
Consideramos insuficiente además la determinación de la 64 Legislatura local de llamar a comparecer al Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez.
Las mujeres tenemos el derecho a vivir libres de todas las formas de violencia y las autoridades deben demostrar, con hechos, que tienen la capacidad de ejercer las atribuciones que les han sido conferidas.
Por ello, en la próxima comparecencia del fiscal pondremos especial atención en el estado que guardan las investigaciones de los feminicidios ocurridos en el estado, así como en las estrategias que se implementarán para la prevención, atención y erradicación de la violencia familiar, hacia las mujeres y por razón de género.
Como integrantes de la sociedad civil, hemos demandado a lo largo de los años que la problemática de la violencia hacia las mujeres se atienda considerando las recomendaciones nacionales e internacionales, desde un enfoque de género.
Administración, tras administración reporta en sus informes anuales las capacitaciones para servidoras y servidores públicos en la comprensión e implementación de las acciones gubernamentales desde este enfoque, sin embargo los resultados, como se puede constatar, no son contundentes.
La voluntad política debe traducirse también en capacidad técnica-operativa, pues cada feminicidios es el resultado tangible de una cadena que por acciones negligentes o de graves omisiones, colocan a las mujeres en riesgo inminente de perder la vida. Por lo que nos preguntamos:
¿Cuántos feminicidios se pudieron haber evitado si cada instancia encargada de prevenir, de atender y procurar justicia, hubiera atendido las necesidades y las demandas de las mujeres como corresponde?
¿Cuántas hijas e hijos, padres y madres, familias enteras, actualmente enfrentan, además del dolor de su pérdida, las consecuencias de la impunidad por la falta de un sistema eficiente de justicia?
La inseguridad en las calles es un problema grave y las acciones a tomar para generar entornos seguros es urgente, pero lamentablemente basta mirar las estadísticas para comprobar que las mujeres enfrentan riesgos de vivir violencia aún dentro de sus propias casas, por lo que la mirada no debe restringirse a un problema de inseguridad pública, sino de falta de condiciones sociales para que las mujeres ejerzan plenamente todos sus derechos, dentro y fuera del hogar.
Procurar y administrar la justicia es el último eslabón, es ahí donde se suman las graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres, pues quiénes se atreven a dar el paso de solicitar atención ante estas instancias se enfrentan a un sistema carente de un enfoque de género, que des-legitima sus demandas, las discrimina y re victimiza, generando así la impunidad.
La violencia hacia las mujeres tiene una raíz estructural, su prevención, atención y erradicación sólo será posible si las autoridades, de todos los niveles de gobierno, asumen la responsabilidad de atender la problemática con una verdadera voluntad política y con capacidad resolutiva, de no ser así, nos enfrentamos solo a discursos vacíos, donde los altos costos los siguen pagando las mujeres y los están pagando con su propia vida.
