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Mujeres Indígenas por la vida, la justicia y libre determinación

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Desde hace más de 35 años en el GESMujer hemos concentrado nuestros esfuerzos en trabajar por los derechos humanos de las mujeres, y en particular de las mujeres indígenas para crear conciencia y proponer alternativas.

Vemos hoy con satisfacción que la voz y la participación de las mujeres indígenas que han formado parte de nuestros procesos de capacitación se vean reflejadas con otras mujeres indígenas del estado y del país, quienes el día 08 de diciembre de 2014 dialogaron con representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en el marco del Foro Nacional: “Desafíos políticos para la implementación de agendas nacionales de mujeres indígenas”.

A continuación la Declaración Oficial y las propuestas por poderes del Foro:

DECLARACION:

MUJERES INDIGENAS POR LA VIDA, LA JUSTICIA Y LIBRE DETERMINACION 

México, Tenochtitlan, 07 de diciembre de 2014

Mujeres de los pueblos Ayuuk, Ch´ol, Chatino, Cucapá, Nahua, Hñahñu, Ñuu savi, Maya peninsular, Mazahua, Ñomndaa, Me’phaa, Ocumiche, Ódami, Purhépucha, Ráramuri, Tojolabal, Tseltal, Wixárika y Zapoteco, provenientes de los estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Yucatán, nos reunimos en el marco del Foro Nacional de Mujeres Indígenas, denominado “Desafíos políticos para la implementación de agendas nacionales de mujeres indígenas”.

Nosotras, herederas de las mujeres que dieron origen a esta nación pluricultural, con energía y la sabiduría de las ancestras; mujeres de amor, de pensamiento claro, de resistencias personales y colectivas, de espiritualidad, hoy nos hemos reunidos para recordarle al Estado y a la sociedad que las mujeres indígenas estamos aquí, con nuestro pasado, presente y reconstruyendo nuestro futuro.

Hoy venimos a declarar que somos pueblos, que somos comunidad y exigimos respeto a nuestra libre determinación; que somos la continuación histórica de las luchas de aquellas y aquellos que dieron su vida para dar vida; una vida no sólo para sus hijas e hijos, sino para todas y todos. Una vida que reconoce la relación con el universo y todo lo que nos rodea.

Manifestamos que hoy más que nunca las mujeres indígenas estamos articuladas de manera intergeneracional, con pensamiento, voz y decisión propia en el ejercicio de nuestros derechos para decidir el tipo de vida que queremos.

Expresamos que a veinte años de haber surgido en México una lucha articulada para el reconocimiento de los pueblos indígenas y nuestros derechos, nos hemos reunido durante tres días para hacer un balance de nuestro caminar en el contexto actual del Estado mexicano.

Pese al reconocimiento constitucional de la existencia de los Pueblos Indígenas y de algunos derechos plasmados en instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aún persiste en nuestro país el racismo, la discriminación, la violencia sistemática hacia nuestros pueblos, expresados más crudamente hacia las mujeres indígenas.

Por otro lado, el modelo económico-neoliberal imperante está encaminado a empobrecernos cada vez más, con el despojo de nuestra tierra, territorio y recursos naturales a través de concesiones otorgadas por el Estado a empresas transnacionales para la instalación de megaproyectos, que lejos de potenciar el desarrollo de nuestros pueblos, nos dividen, aculturan y tienden a desaparecernos. Este modelo ha originado que las mujeres indígenas sean objeto de trata, prostitución y feminicidio.

Señalamos que la apropiación de nuestra forma de gobiernos indígenas, como Cherán, Michoacán, las buenas prácticas de las mujeres de Cuetzalan, Puebla, las Casas de la Mujer Indígena y la Policía Comunitaria de Guerrero, son ejemplos de resistencia y organización para hacer frente a las violaciones sistemáticas a nuestros derechos humanos, la criminalización de nuestras autonomías, gobiernos y sistemas normativos internos.

Con base en lo anterior, y en los compromisos de garantizar y respetar la participación de los pueblos indígenas en diferentes ámbitos, así como nuestro derecho a la consulta previa, libre e informada asumidos públicamente por el presidente de la República en el Marco de la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, exigimos al Estado y sus instituciones:

1.- Una nueva relación política con las mujeres indígenas y sus pueblos. Una relación con características de trato igualitario y horizontal, a partir del respeto a nuestros derechos y a nuestras propias instituciones.

2.- Justicia para las y los presos políticos de todo del país, con especial énfasis a las mujeres indígenas presas, la liberación inmediata de la compañera Nestora Salgado, integrante de la Policía Comunitaria en Guerrero y aparición con vida de los 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.

3.- Un cese a la criminalización de las luchas y protestas sociales en el país, ya que la represión, el encarcelamiento, la militarización y las desapariciones forzadas, no son formas de resolver los grandes problemas que hoy en día enfrenta nuestro país.

4.- Ratificación del convenio 189 de la OIT, sobre Trabajo digno para las trabajadoras y trabajadores del hogar.

5.- Una revisión de los perfiles de las y los servidores públicos que usurpan los espacios de representación indígena en la estructura gubernamental, con el objetivo de promover que integrantes de nuestros pueblos asuman diversos espacios de toma de decisiones.

6.- Que de manera inmediata se realicen los trámites para la visita oficial a nuestro país de la señora Vicki Tauli Corpuz, Relatora para los Derechos de los pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas.

7.- Presupuestos dignos y suficientes para mujeres indígenas, con mecanismos claros para la rendición de cuentas.

8.- La cancelación de todos los mega proyectos en territorios indígenas, resultado reformas estructurales que propician intervenciones violatorias a los derechos colectivos de los pueblos, y que derivan en repercusiones específicas para la vida de las mujeres de las comunidades.

9.- La inclusión de mujeres indígenas que representen al movimiento de mujeres indígenas en todos los poderes de la estructura estatal.

Comunicamos que en el marco del 16 de febrero, honraremos los acuerdos de San Andrés Larráinzar, convocando a un foro sobre participación política de las mujeres indígenas.

Reafirmamos que hoy más que nunca encaminamos nuestros pasos con más fuerza y organización enfrentando desafíos hacia nuestro Congreso Nacional de Mujeres Indígenas a realizarse en Marzo de 2015.

¡POR NUESTROS DERECHOS Y AUTONOMÍA!

¡ARTICULADAS AVANZAMOS!

¡NI PERDÓN NI OLVIDO!

¡JUSTICIA, JUSTICIA, JUSTICIA!

Al Poder Ejecutivo:

La interculturalidad implica el reconocimiento mutuo de las culturas diversas que coexisten en un espacio mismo, se basa en el respeto y la valoración recíproca, por ello en este México multicultural, la interculturalidad debe ser una política aplicada de manera transversal en toda la administración pública. Para su implementación proponemos:

1. Creación de un programa interinstitucional con presupuesto etiquetado para el fortalecimiento de traductores e intérpretes, en la certificación y profesionalización con enfoque de género y el pago de honorarios por su servicio.

2. Fortalecer la educación escolarizada en todos los niveles, mediante:

  • Una sólida formación de los profesores en temas como identidad, interculturalidad, lenguas indígenas, cosmovisión, género, derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, ciudadanía, conocimiento del contexto, entre otros.
  • La incorporación de profesionistas indígenas en el diseño de la currícula educativa que permita visibilizar a los pueblos indígenas como sujetos de derecho vigentes.
  • Incorporación del tema de salud sexual y reproductiva, derechos humanos y género en el diseño de la política educativa.

3. Implementar programas y políticas públicas que garanticen los derechos de las trabajadoras indígenas en contextos migratorios nacionales y trasnacionales.

4. Ejecutar acciones afirmativas para reducir las brechas de desigualdad en el acceso de las mujeres indígenas a la tierra.

5. Fortalecer iniciativas e instancias de organizaciones de mujeres indígenas locales, con mayores presupuestos y con cobertura en todo el año

6. Etiquetar presupuestos específicos para todas aquellas iniciativas comunitarias que contribuyen a garantizar una vida sin violencia para las mujeres indígenas, tales como: Juzgados Indígenas, Comités contra la Violencia, Observatorios contra la Violencia Familiar, entre otras.

7.La perspectiva intercultural en las políticas de salud, implica reconocer los saberes de los pueblos indígenas, de la medicina tradicional y parteras, como un sistema que abarca la conservación del bienestar, atención a la enfermedad y la restitución de la salud.

8.Institucionalizar la existencia de las Casas de la Mujer Indígena (CAMIs) con asignación de presupuestos irreductibles y progresivos, respetando su autonomía.

9. Garantía de nacimiento y parto humanizado para las mujeres indígenas, acorde con los instrumentos internacionales.

10. Etiquetar recursos económicos para remunerar a personas que ejercen la medicina tradicional y brindan servicios de salud.

11. Etiquetar recursos a nivel municipal para la garantía de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de la juventud indígena.

12. Crear una acción afirmativa (cuota de mujer indígena) que garantice la participación de las mujeres indígenas y la implementación de sus agendas en los espacios de toma de decisiones ciudadanas e institucionales.

13. Crear un Programa Nacional de las Mujeres Indígenas para atender las condiciones, demandas y aportes que reduzcan las brechas de desigualdad históricas, y que rija, implemente y oriente una política pública con enfoque de género e intercultural.

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Al Poder Judicial

En el marco de los Convenios y Tratados internacionales que México ha firmado, específicamente del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Reafirmamos la exigencia del respeto a nuestros sistemas normativos internos y exigimos:

  • Establecer la obligatoriedad de la capacitación a los/as impartidores de justicia en perspectiva de género e interculturalidad, en el que se tomen en cuenta elementos específicos de la cultura para resolver los casos.
  • Garantizar el acceso real al derecho de contar con un traductor/a en todos los procesos donde se involucren a indígenas (materias: penal, civil, familiar, agrario, amparo, entre otras.)
  • Generar programas de formación permanente sobre derechos político electorales y ciudadanía con perspectiva de género e intercultural, desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación.
  • Revisar las leyes orgánicas del Consejo de la Judicatura Federal, del Poder Judicial de la Federación, de los Tribunales Superiores de Justicia de cada entidad federativa para declinar competencia y dar reconocimiento a las autoridades comunitarias en la solución de casos sometidos a su jurisdicción.
  • Que en la estructura del Poder Judicial de la Federación se incorporen a indígenas, preferentemente que sean de la misma región o circuito judicial donde se encuentra ubicado su pueblo o comunidad de adscripción.
  • Que la SCJN a través de la instancia correspondiente, informe de manera periódica cuántos casos de mujeres indígenas y en qué sentido se resuelven.

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Al Poder Legislativo:
  1. Nosotras que participamos en el Foro Nacional de Mujeres Indígenas, intitulado: “Desafios políticos para la implementación de agendas nacionales de mujeres indígenas”.
  2. Reunidas en la Ciudad de México de diferentes redes de mujeres indígenas logramos coincidir en que aún existen grandes desafíos y retos por alcanzar en materia legislativa.
  3. Reconocemos que nuestras aspiraciones en el ejercicio pleno de nuestros derechos son obligaciones y responsabilidades del Estado, sabemos que legislativamente se han hecho reformas políticas que abren alternativas para incrementar la participación de las mujeres, pero también persiste una desigualdad y discriminación contra nosotras como mujeres de pueblos indígenas.
  4. Reconocemos que con las recientes reformas estructurales hay un retroceso donde los pueblos indígenas y específicamente las mujeres, vivimos afectaciones de forma directa e indirecta.
  5. Reafirmamos que el Estado tiene que garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y las niñas indígenas, asimismo implementar el derecho a la consulta como lo marca el Convenio 169 de la Organización del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma de 2011, donde el Estado se comprometió a garantizar la aplicación de los tratados internacionales.
  6. Por ello es necesario que el Estado de Derecho se traduzca en medidas legislativas, haciendo valer nuestras peticiones y exigencias de garantizar nuestros derechos en los siguientes temas:
  • Implementación del derecho a la consulta con consentimiento libre, previo e informado con la finalidad de garantizar la participación de los pueblos y de las mujeres indígenas en la toma de decisiones de las políticas gubernamentales y legislativas; incluyendo iniciativas gubernamentales relacionadas con reformas legislativas y constitucionales, políticas sobre tierras y territorios, y proyectos públicos y privados de desarrollo e inversión económica.
  • Garantizar el acceso de los pueblos indígenas a los recursos naturales e implementar procesos de consulta como un requisito necesario para declarar áreas naturales protegidas.
  • Reconocimiento y aplicación de los sistemas normativos propios de los pueblos indígenas en la impartición de justicia. (Art. 2)
  • Armonización del marco normativo para el reconocimiento jurídico a los pueblos afrodescendientes.
  • Ratificación del Convenio 189 de la OIT y reforma a la ley federal del trabajo, conforme a ello.
  • Tipificación y reconocimiento de los derechos de las jornaleras agrícolas, considerando el contexto de migración en que desarrollan su trabajo.
  • Seguimiento urgente de la implementación de la legislatura en materia de de juventudes con perspectiva de género e intercultural.
  • Revisión a todas las legislaciones tanto federal y estatal en donde contemplen los derechos de las mujeres considerando la diversidad cultural para garantizar el acceso a la justicia y a la participación política.
  • Revisión de los bandos de policía y gobierno, así como sus demás normas internas de conformidad con sus prácticas y cosmovisiones para fortalecer las relaciones armoniosas entre hombres y mujeres.

           7. Revisar el presupuesto para mujeres indígenas en los ramos correspondientes en materia de derechos individuales y colectivos, con base al Presupuesto de             Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, Capítulo V, el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas.