El Grupo de Estudios Sobre la Mujer "Rosario Castellanos" A.C., Organización feminista con mas de 40 años llevando acabo acciones a favor de los Derechos Humanos.

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Un retroceso y un preocupante mensaje de que en el país se puede violar o asesinar a una niña.

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SemMéxico. Oaxaca. 16 de enero de 2018.- La decisión legislativa de dejar fuera al feminicidio y el abuso sexual infantil del catálogo de delitos graves, fue catalogada por la presidenta del Grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos, Ximena Avellaneda Díaz, como un retroceso y un preocupante mensaje de que en el país se puede violar o asesinar a una niña, a una adolescente o a una mujer.

De acuerdo al recuento hemerográfico de la organización, durante el 2018 contabilizaron 122 muertes violentas de mujeres y en lo que va de 2019 suman seis casos más.

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado reconoce que en 2018 ocurrieron 26 feminicidios y 96 homicidios dolosos de mujeres.

“Si de por sí es complejo que las autoridades acepten catalogar la muerte violenta de mujeres como feminicidio”, la nueva decisión legislativa “refuerza el mensaje de que en el país existe permiso para violar o matar a una niña, a una adolescente o a una mujer”.

Como presidenta de una organización que por 40 años ha pugnado por los derechos de las mujeres en una entidad del sur del país que registra niveles de violencia feminicida que llevaron el 31 de agosto pasado a la Secretaría de Gobernación a declarar la Alerta de Violencia de Género, externó su preocupación del trabajo legislativo que se realiza en la Cámara Baja.

Recordó que en diciembre pasado el Senado aprobó incluir el catálogo de delitos graves que requieren prisión preventiva oficiosa, sin derecho a fianza, al feminicidio y el abuso de menores.

El proyecto que se discute este miércoles durante el período extraordinario, las y los legisladores proponen ampliar la prisión oficiosa sólo de tres delitos que: uso de programas sociales con fines electorales, corrupción por enriquecimiento ilícito y delitos en materia de robo de hidrocarburos.

Las coyunturas políticas no deben estar por encima de violencia sexual y feminicida, aseveró Avellaneda, quien externó su preocupación de que se concrete esta postura legislativa que significa un retroceso “en el lento avance para garantizar el derecho de niñas, adolescentes y mujeres a vivir una vida libre de violencia”, pero que “también otorga más concesiones a los agresores, sobre todo a los feminicidas”.